EL PRIMER BATLLISMO
Los primeros años del siglo XX en Uruguay estuvieron marcados por dos hechos:
1)
El ascenso al gobierno de José Batlle y Ordóñez que se desempeñó como
presidente en dos periodos (1903-1907 y 1911-1915) y que hasta su muerte
en 1929 fue la figura política dominante de la política uruguaya.
2)
La definitiva derrota de las revoluciones caudillistas, con la última
rebelión del caudillo Aparicio Saravia en 1904, que terminó con su vida y
con los intentos blancos de participar en el poder.
La
figura de Batlle y Ordóñez, Don Pepe, marcó un cambio de rumbo en la
política uruguaya, abandonando el liberalismo económico y dando al
estado una fuerte participación en la economía y la sociedad. Las ideas y
realizaciones de Batlle generaron un modelo de país que caracterizó al
Uruguay del siglo XX (predominio de la clase media y de los sectores
urbanos, estado benefactor, laicidad, solidaridad con los sectores
desposeídos) y un movimiento
político, el batllismo, que mantuvo fuerte poder de convocatoria
electoral usando el nombre de su fundador. Esa reiteración de “los
batllistas” en el gobierno, ha llevado a los historiadores a hablar de un “primer batllismo” para referirse al original, al de Don Pepe.
REALIZACIONES DE LA PRIMERA PRESIDENCIA DE BATLLE Y ORDOÑEZ
Los
primeros dos años del gobierno fueron absorbidos por el conflicto con
Aparicio Saravia, pero esto no impidió que el presidente iniciara una
obra que introdujo cambios en la economía y la sociedad, anunciando el
reformismo que caracterizaría a su segunda presidencia.
En el orden económico las realizaciones más importantes fueron:
- La construcción de caminos y la mejora de los ya existentes.
El cercamiento de los campos había afectado a los caminos vecinales que
quedaron cortados por los alambrados, dificultando el desplazamiento de
personas y mercaderías. La Asamblea General autorizó al presidente
Batlle a obtener un préstamo para construir caminos y puentes; las
nuevas carreteras se trazaron paralelas a las vías férreas con la
intención de que el transporte automotor que estaba llegando a Uruguay,
compitiera con los ferrocarriles controlados por empresas inglesas.
- Fomento de la agricultura y la industria.
Se aprobó una ley que favorecía la plantación de remolacha azucarera:
las personas que se dedicaran a su cultivo recibirían del estado
semillas seleccionadas, apoyo financiero y la exoneración de los
impuestos aduaneros para importar maquinaria. Además se establecían
altos impuestos aduaneros al azúcar importado. De esa forma se
estimulaba la industria nacional usando una materia prima que se
encontraba en el país, disminuyendo la dependencia del exterior.
También
se fomentó a la industria textil exonerándola de los impuestos a la
importación de máquinas permitiendo instalar grandes fábricas como la de
Campomar y Salvo en Juan Lacaze, que utilizaba también materia prima
nacional: la lana.
Previendo
un mayor consumo de energía eléctrica, tanto de la población como de la
industria, el estado amplio las instalaciones de la Usina de Luz
Eléctrica y no se aceptaron propuestas para su arrendamiento capitales
privados. Batlle y Ordóñez consideraba a la energía eléctrica como un
servicio público que debía ser monopolio estatal.
-Menor dependencia del capital inglés.
Rompiendo con la política tradicional de los gobiernos uruguayos, se
buscaron nuevos lugares donde obtener crédito. En este período Uruguay
contrató su primer préstamo con capitales de EEUU y se redujo la deuda
con Inglaterra. Como sucedía con el resto de América Latina, también en
el Río de la Plata, el viejo imperio inglés estaba siendo desplazado por
la pujante expansión norteamericana.
En
el plano social se presentaron proyectos para regular las condiciones
de trabajo. La industrialización que desde fines del siglo XIX se
desarrollaba en Uruguay ya estaba generando alguno de los típicos
problemas laborales como excesivo horario, falta de seguridad e higiene
en los locales de trabajo, uso y abuso de la mano de obra infantil, etc.
Los primeros sindicatos creados en Uruguay habían comenzado a hacer sus
reclamos especialmente en dos puntos: mejorar el salario y reducir las largas y agotadoras jornadas de trabajo.
En 1905 numerosas huelgas paralizaron a miles de trabajadores, por
ejemplo los empleados del Ferrocarril Central, los tranviarios, los
portuarios y las costureras.
En
febrero de 1905 los representantes blancos Luis Alberto de Herrera y
Carlos Roxlo presentaron un proyecto de ley que establecía un máximo de 10 horas de trabajo al día
y además limitaba el trabajo de mujeres y menores, compensaba los
accidentes de trabajo y establecía normas de higiene en los talleres. Al
año siguiente el presidente Batlle envió su propio proyecto que fijaba
la jornada máxima en 8 horas cuando se trataba de una tarea sin
interrupción y de 10 cuando había una interrupción. El proyecto también
incluía normas para regular el trabajo de menores con horarios acordes a
su edad y prohibiendo el trabajo de menores de trece años. Además se
preveía un día de descanso semanal y un mes de descanso para la mujer
después del parto.
En la educación también hubo novedades. Se crearon nuevas facultades:
la de Comercio (luego llamada de Ciencias Económicas) y la de
Veterinaria y Agronomía. El objetivo era doble: tecnificar las
actividades vinculadas al comercio y a la agropecuaria y, además,
desviar a los jóvenes de las tradicionales carreras de abogado y médico,
cuyas facultades estaban repletas.
También
se proyectó la creación de liceos departamentales para formar un grupo
de personas que, sin llegar a ser universitarios, tuvieran una educación
superior a la primaria y pudieran interpretar a las élites políticas y
servir como funcionarios en la administración pública.
Otras
medidas aprobadas en ese período reflejaban las ideas filosóficas de
Batlle y sus seguidores: el distanciamiento del estado con respeto a la
iglesia que culminaría con la separación de ambas instituciones en la
reforma constitucional de 1917. Batlle, identificado con el racionalismo
espiritualista, era contrario a las religiones reveladas. En 1906 el
gobierno ordenó el retiro de todas las imágenes religiosas católicas de
los hospitales públicos. Se basaba en la idea de que no podían ostentar
símbolos de una determinada religión los lugares que estaban abiertos a
personas de todas las creencias (o de ninguna). Esto causó una intensa polémica con los sectores católicos. Una año antes otra medida había causado un enorme revuelo : el proyecto de ley sobre divorcio.
Este establecía que se podía obtener tanto por el hombre como por la
mujer por diversas causales: injurias, malos tratos o violencia entre
los conyugues, intento de homicidio o por infidelidad. En esta última
causal observamos como, a pesar de los “moderno” de la propuesta, se
reflejaba la desigualdad de sexos: en el caso de cometer adulterio la
mujer el hombre podía, en todos los casos, pedir el divorcio; en caso de
que el adulterio lo cometiera el esposo, la esposa sólo podía pedir. si
era en el hogar o con escándalo público.
Otro proyecto presentado por Batlle y Ordóñez en el año 1906 fue la abolición de la pena de muerte y su sustitución por la pena de reclusión en la cárcel entre 30 y 40 años.
REALIZACIONES DE LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE BATLLE Y ORDOÑEZ
En
febrero de 1910 algunos sectores del Partido Colorado propusieron a
Batlle y Ordóñez como candidato a presidente para el período 1911-1915.
La Convención del Partido Colorado apoyó la candidatura y Batlle, que
estaba en Europa, la aceptó. En su carta aceptando la candidatura
adelantaba algunas de sus
propuesta de gobierno: gobierno de partido excluyendo la coparticipación
del P. Nacional, representación proporcional en la Asamblea General y
tener en cuenta las reivindicaciones de la clase obrera “que reclaman el derecho a la vida, a la salud,a la libertad con frecuencia lesionados”.
Estas
propuestas provocaron una doble oposición a la candidatura de Batlle:
la del P. Nacional contrario a que el P. Colorado gobernara en
exclusividad, y la de las “clases conservadoras”, los sectores
económicamente poderosos que temían las concesiones que Batlle podía
hacer a los obreros.
Pero
a pesar de esta oposición Batlle tenía asegurado el apoyo de la mayoría
de la Asamblea General y el 1 de marzo de 1911 fue designado
Presidente.
En
las realizaciones de la segunda presidencia de Batlle se observa una
definición más clara a favor de las reformas sociales y económicas, un
enfrentamiento directo con las empresas inglesas y la decidida
intervención del estado en la economía.
EL REFORMISMO SOCIAL
En
los años transcurridos entre las dos presidencias de Batlle y Ordóñez
había continuado creciendo la actividad industrial y el número de
obreros; el presidente Williman, a diferencia de lo realizado por Batlle
en su primera presidencia, no se había mostrado partidario de defender a
la clase trabajadora y había reprimido a los obreros en huelga. La
huelga más importante del período fue la de los tranviarios en 1911 que
reclamaban el aumento del salario y la reducción del horario de trabajo.
La empresa inglesa propietaria de los ferrocarriles contrató personal
para suplantar a los huelguistas y estos trataron de impedir que
aquellos ocuparan sus lugares. Esto provocó enfrentamientos violentos
con la policía. Otros gremios se solidarizaron y pararon. Finalmente los
tranviarios lograron que se redujera el horario de trabajo a 9 horas
(antes las jornadas eran de 15 y 17 horas).
En
otras actividades se mantenían horarios muy extensos: los panaderos
trabajaban 18 horas y los empleados de comercio no tenían horario fijo
dependiendo de la voluntad del patrón. El diputado socialista Emilio
Frugoni había denunciado que en una fábrica textil de la zona de Capurro
habían niñas de diez años trabajando 10 horas diarias.
La ley de 8 horas.-
Batlle retomó su propuesta de la primera presidencia de disminuir el
horario de trabajo fijando un máximo de horas diarias. Envió al
Parlamento un proyecto para fijar la jornada en 8 horas, disponer de
un día semanal de descanso, prohibir el trabajo de menores de trece
años, restringir el trabajo a los menores de diecinueve, y otorgar a la
mujer un descanso de 40 días después del parto. Se admitían horarios más largos por la naturaleza del trabajo pero a condición de no pasar las 40 horas en 5 días.
Los
industriales y comerciantes se opusieron al proyecto y presentaron una
extensa nota a la asamblea General que estaba discutiendo la ley, donde
exponían sus argumentos. Sostenían que si se reducían las horas de
trabajo habría que contratar más obreros para hacer la tarea y esto
encarecía el precio de los productos, los productos al ser más caros,
serían difíciles de exportar y, además, muchos trabajadores de campaña
emigrarían a Montevideo atraídos por la jornada más corta.
También
los sectores mayoritarios del P. Nacional se opusieron al proyecto.
Incluso el diario “La Democracia” dirigido por Herrera y Roxlo, quienes
algunos años antes habían presentado un proyecto para reducir la jornada
a 10 horas.
El proyecto finalmente se aprobó en 1915 con algunas modificaciones.
La ley de prevención de accidentes de trabajo.-
En 1914 el presidente envió al Parlamento un proyecto de ley que
incluía normas de seguridad para ciertos oficios en los cuales eran
frecuentes los accidentes (industria d ela construcción, carpinterías,
barracas, herrerías aserraderos, etc). La ley recién fue aprobada en
1920 agregándosele la obligación de pagar indemnizaciones a los
accidentados.
Indemnización por despido.-
Al estallar la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, muchos
comercios despidieron empleados, tal vez por temor a una crisis
económica. El poder ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento
estableciendo una compensación económica según la antigüedad del
despedido. El empleado que tuviera dos años de trabajo tenía derecho a
algunos días de sueldo; el que hubiera trabajado más de dos años
recibiría un mes de sueldo cada dos años de antigüedad. En todos los
casos el empleado que iba a ser despedido debía ser notificado de la
misma con dos meses de anticipación.
Pensiones a la vejez.-
Otro proyecto enviado por el presidente al legislativo establecía que
el estado pagaría una pensión a las personas mayores de 65 años que se
encontraran en la indigencia. Herrera se opuso señalando que se estaba
premiando al haragán que no había sido capaz de ahorrar en su vida o que
no había trabajado lo suficiente. Desde
el diario “El Día” se respondió que se trataba de no dejar morir de
hambre a los que no habían ahorrado para su vejez. Recién en 1919 se
aprobó la ley de pensiones a la vejez.
¿Por qué el reformismo social?
Uno de los argumentos usados por los sectores conservadores opuestos a
estas y otras reformas similares era que en el Uruguay aún no existía
realmente una clase obrera y que las reformas eran exageradas y
demasiado anticipadas.
Batlle
y sus seguidores argumentaban que había adelantarse al tiempo y
establecer normas que impidieran que en Uruguay se dieran los graves
problemas que habían afectado a los trabajadores de los países
industrializados. Para Batlle el estado no podía tener un papel neutral,
sólo observando los problemas, sino que debía intervenir a favor d ela
parte más débil: el estado debía actuar beneficiando a los más
necesitados, compensando las desigualdades. Toda la sociedad tenía un deber moral
de ayudar a los oprimidos, y el estado, como representante de la
sociedad debía asumir un papel importante: impidiendo el trabajo de los
niños, evitando horarios excesivos de trabajo, controlando la seguridad
en los lugares de trabajo, etc.
Para
Batlle la lucha de clases y la revolución social podían evitarse a
través de una apropiada legislación laboral. Tenía una postura
reformista y evolucionista rechazando las ideas socialistas que creían
que la forma de obtener una sociedad más justa era a través de la lucha
de clases y la revolución proletaria.
Esto no significa que el estado atendiera solamente los reclamos obreros. En el pensamiento de Batlle el estado era un árbitro por encima de las clases sociales, atendiendolas a todas y buscando el consenso. El estado debía atender los intereses de:
-
los estancieros, cuyas exportaciones de carne eran la base de la
riqueza nacional y requerían seguridad, orden y defensa ante el
monopolio de los frigoríficos;
- la burguesía industrial que quería proteccionismo aduanero para vender sus productos;
-
la clase media, disciplinada, esforzada, mirando al futuro a través de
el ahorro y la educación de los hijos y que debía recibir ayuda del
estado en créditos, educación y empleo (para eso estaban los bancos
públicos, la educación pública y los puestos de trabajo en la
administración pública).
- el proletariado, que debía ser protegido para evitar su explotación e impedir su rebelión.
OBRA ECONOMICA: ESTATISMO Y NACIONALIZACION
En
su segunda presidencia Batlle y Ordóñez impulsó una política económica
bien definida: pasar a manos del estado los servicios públicos
esenciales. Varios eran los argumentos que se manejaban por parte de
Batlle y sus seguidores para realizar las estatizaciones:
1)
El estado era concebido por Batlle como el organismo que representaba a
toda la sociedad y estaba por encima de los intereses particulares;
ante un enfrentamiento de intereses económicos, el estado iba a resolver
de acuerdo a lo que fuera más útil para la mayoría y no por bien de
unos pocos. Esta forma de concebir al estado era una de las diferencias
del pensamiento batllista con el socialismo marxista, ya que este veía
al estado como el instrumento usado por una clase social para imponerse a
otra y establecer las reglas de juego que a esa clase dominante le
convenía.
2)
El estado no perseguía un fin de lucro o ganancia. Por lo tanto una
empresa estatal podía invertir dinero en una obra que a una empresa
particular no le interesaba aunque fuera muy útil para la población. Por
ejemplo una empresa privada que tuviera a su cargo el suministro de
electricidad, iba a tender cables hacia los barrios donde el consumo
fuera mayor y seguramente dejaría de lado los lugares más humildes o con
menor cantidad de población donde sabía que las ganancias eran menores o
inexistentes. En cambio, para Batlle, el estado podía prestar el
servicio aunque de él no resultaran ganancias, porque la finalidad no
era ganar dinero sino dar el servicio.
3)
Los servicios públicos más importantes (transporte, aguas corrientes,
teléfonos, seguros) estaban en manos de empresas extranjeras y las
ganancias obtenidas se iban hacia el exterior y no eran reinvertidas en
el Uruguay. Cómo el costo de estas inversiones era muy grande, era
imposible que empresas privadas nacionales pudieran hacerse cargo de
esos servicios, el único que podía hacerlo era el estado.
4)
La relación laboral y el salario iban a ser mejores en empresas
dirigidas por el estado que en las privadas, por que lo ya dicho de que
el estado no perseguía una ganancia y podía pagar sueldos más elevados y
por que al estado le servía que se ganará mejor para que se consumiera
más y toda la economía se moviera.
La
política estatista tuvo como principal opositor a las empresas
extranjeras, principalmente inglesas que iban a ser las afectadas. El
capital extranjero residente en Uruguay era muy poderoso. En
ferrocarriles, gas, aguas corrientes, industrias, etc, había unos 40
millones de libras, lo que significaba una cifra considerable comparado
con lo que era la economía uruguaya.
Viendo
que se iba a poner en contra intereses muy grandes, Batlle prefirió en
algunos casos no enfrentarlos directamente, sino hacerles la
competencia, debilitarlos, como el caso de las carreteras paralelas a
las vías férreas. La lucha contra el capital inglés se vio facilitada
porque Batlle recurrió a la potencia rival de Inglaterra en América: los
Estados Unidos, donde obtuvo préstamos y abastecimientos. También ayudó
la Primera Guerra Mundial que debilitó a Inglaterra y le impidió
mantener el dominio económico de estas regiones.
Estatización del Banco República.-
Cuando se creó el Banco República en 1896, se había previsto que la
mitad de su capital fuera puesto por el estado (5 millones de pesos) y
la otra mitad la pusieran particulares adquiriendo acciones del banco.
Pero como esas acciones nunca se vendieron en los hechos el banco era
del estado aunque cabía la posibilidad que se decidiera vender las
acciones. En 1911 la Asamblea General aprobó un proyecto de ley enviado
por Batlle donde se disponía elevar el capital del banco (de 10 a 20
millones de dólares) integrando las ganancias obtenidas hasta el momento
al capital bancario y eliminando la posibilidad de la venta de
acciones. Se aseguraba así que el Banco iba ser solamente propiedad del
estado.
En
1912 se agregó al Banco República la Sección de Crédito Rural destinada
a apoyar con créditos a los pequeños y medianos ganaderos y
agricultores.
Estatización del Banco Hipotecario.-
Los préstamos hechos sobre hipoteca, o sea con la garantía de un bien
inmueble existían desde la creación del Banco Nacional en 187. Producida
la quiebra de este en 1890 había pasado a manos de una empresa privada
formada por accionistas, pero corrían muchos rumores de especulación y
mal manejo de los créditos. La función que cumplía este tipo de
actividad era importante e incidía en la industria de la construcción y
en la compra de tierras. En 1912 el presidente presentó un proyecto de
ley para que el estado se encargara de los préstamos hipotecarios. El
proyecto obtuvo rápido rspaldo de amplios sectores y en 15 días fue
aprobado por el legislativo.
Creación del Banco de Seguros.- En abril de 1911 el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento por el cual el estado tendría el monopolio de todos los seguros que se realizaran en el país:
incendio, marítimos, de vida, agrícolas y, en general, contra todo
riesgo. Para hacerse cargo de esos seguros se creaba el Banco de Seguros
del Estado cuyo capital inicial estaba constituido por 3 millones de
pesos y que adquiriría los seguros de las empresas ya existentes.
Hasta
ese momento el negocio de los seguros era explotado por empresas
privadas casi todas inglesas. Muchas de esas empresas no invertían casi
ningún capital en el país pues las ganancias que obtenían asegurando a
sus clientes le alcanzaban para cubrir los escasos siniestros
producidos. Incluso había compañías cuyo único capital en Uruguay se
reducía a una modesta oficina en Montevideo con un empleado.
Además
como la única finalidad que tenían era la ganancia y no el servicio
social que podían dar, solamente cubrían los seguros más redituables, o
sea donde “era seguro” para ellas que no habría siniestros y se negaban a
contratar seguros por hechos que eran más factibles de producirse, por
ejemplo el granizo que afectaba a los agricultores o los accidentes de
trabajo.
Sólo
el estado que no buscaba ganancia, según Batlle y Ordóñez, y que tenía
la obligación de cumplir con una finalidad de protección social, podía
hacerse cargo de los seguros para beneficiar a la sociedad. Cubriendo
todo tipo de seguros se compensaban las pérdidas en unos con las
ganancias en otros.
Además,
si el estado se hacía cargo, se eliminaba la salida de dinero hacia el
exterior que efectuaban las aseguradoras inglesas.
El
proyecto era revolucionario porque en ningún país del mundo, hasta esa
época, se había aplicado tal sistema. Levantó mucha resistencia y hasta
la embajada inglesa en Uruguay presentó una protesta ante el gobierno
señalando que Inglaterra apoyaría las demandas que hicieran las empresas
inglesas afectadas.
El
Banco de Seguros fue creado y obtuvo el monopolio de casi todos los
seguros: fueron exceptuados los marítimos y de vida lo que permitió que
algunas empresas privadas se mantuvieran.
Inicio de la estatización del ferrocarril.-
Con el paso de los años las vías férreas se habían ido extendiendo en
Uruguay. Estaban en manos de empresas inglesas, la principal de las
cuáles era la del Ferrocarril Central del Uruguay.
Varios
inconvenientes tenían los ferrocarriles en manos de estas empresas. En
primer lugar aunque los ferrocarriles no eran del estado le provocaban
fuertes gastos por que el estado le pagaba un interés de 3,5% sobre cada
1.700 kilómetros de vía construida, de acuerdo con lo estipulado cuando
las empresas inglesas se empezaron a instalar en Uruguay. En segundo
lugar, todas las ganancias obtenidas por las empresas marchaban hacia el
exterior. En tercer lugar las empresas, llevadas por su afán de
ganancia solo extendían vías donde les resultaba más redituable y los
fletes que cobraban eran muy altos. Por ejemplo, un productor del
departamento de Florida se quejaba porque era más caro el flete cobrado
por el ferrocarril para trasladar la lana desde su estancia hasta el
puerto de Montevideo, que el flete marítimo desde este a Inglaterra.
Durante
su primera presidencia Batlle había iniciado la lucha contra los
ferrocarriles ingleses construyendo carreteras que seguían los mismos
trazados que las vías férreas. Aprovechando el crecimiento del
transporte automotriz y el ingreso al país de autos y camiones, se
intentó canalizar por ese medio el traslado de producción hacia el
puerto de Montevideo; de esa manera se competía con los ferrocarriles y
se les obligaba a bajar los fletes.
Otro recurso que se buscó en la segunda presidencia fue crear ferrocarriles estatales.
En 1912 la Asamblea General aprobó la formación de un fondo para la
construcción de ferrocarriles, obteniendo el dinero de diversos
impuestos. En 1914 se autorizó al Poder Ejecutivo a comprar acciones de
la empresa Ferrocarril del Norte. Esta empresa tenía vías que ingresaban
a Montevideo por lo que se podía competir con la poderosa Ferrocarril
Central. Esa era la base que se necesitaba para luego ir comprando otros
ramales y aumentar las vías estatales, dando origen a la Administración
de Ferrocarriles del Estado (AFE).
Monopolio de la energía eléctrica.- En 1912 el Legislativo aprobó la creación de las Usinas Eléctricas del Estado que tenían el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica.
Los objetivos que se buscaban, como en el caso de otros servicios en
manos de empresas extranjeras, eran: evitar la salida de grandes
capitales hacia el exterior, mejorar el servicio extendiendo las líneas
para beneficiar a más población (por ejemplo barrios alejados donde la
empresa privada no tenía interés en ir) y bajar las tarifas.
Intentos fracasados de monopolios estatales.-
Una salida importante de dinero que sufría la economía uruguaya era
provocada por pago de los fletes de los barcos que llevaban la carne, el
cuero y al alna hacia el exterior y traían los productos importados
(entre otros el carbón, la fuente de energía más usada en la época).
El
Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de comprar buques que se encargarían
de llevar los productos agropecuarios y al regreso traerían el carbón
necesario para la usina de energía eléctrica. Pero la crisis económica
iniciada en 1913 redujo los ingresos del estado y la iniciativa no se
concretó.
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| Montevideo a comienzos del siglo XX |
Otro
monopolio estatal propuesto fue el de los alcoholes. En 1912 el
presidente Batlle propuso que el estado tuviera la exclusividad en la
fabricación de alcoholes expropiándose las fábricas privadas existentes.
Pero el proyecto quedó detenido en el Legislativo ante presiones de la
embajada francesa que intervino protegiendo al ciudadano francés,
radicado en Uruguay, Meillet que era el principal fabricante de
alcoholes. La iniciativa quedó aralizada y recién se concretó en 1931
con la creación de ANCAP.
Proteccionismo industrial.-
Se llevó a cabo por dos vías: el proteccionismo aduanero que
dificultaba la importación de mercaderías que se fabricaban o se podían
fabricar en Uruguay, y por otro lado la creación de organismos estatales
para apoyar a las industrias existentes en el país. Para cumplir con
este fin se crearon:
-
El Instituto de Geología que se encargaría de buscar fuentes
energéticas dentro del Uruguay para no depender de las importaciones de
carbón y petróleo.
-
El Instituto de Química Industrial con varios objetivos: mejorar las
técnicas de las industrias uruguayas(por ejemplo cuero y lana) y
asesorarlas, elaborar abonos e industrializar los recursos energéticos
que se pudieran encontrar en Uruguay.
-El
Instituto de Pesca con el fin de crear viveros en las costas de
Maldonado para estudiar las especies marinas, industrializar el pescado y
abaratar su costo pa
ra
popularizar su consumo. También el objetivo era crear una industria
procesadora de pescado modelo que sirviera de ejemplo para la
instalación de privadas.
BATLLE Y LOS PROBLEMAS DEL CAMPO
Dos
problemas relacionados entre sí eran los que más afectaban a la
producción agropecuaria: el latifundio y el minifundio. Por un lado un
número reducido de propietarios eran dueños de grandes extensiones de
tierras dedicadas a la ganadería (el 0,40% de los propietarios poseía el
40% de las tierras). Por otro lado había un gran número de propietarios
con pequeñas superficies, dedicadas sobretodo a la agricultura (el 75%
de los propietarios poseía el 9% de las tierras). Los latifundistas
no estaban interesados en mejorar técnicamente su producción porque su
enorme extensión de tierras igual les permitía producir mucho ganado y
obtener ganancias. Los microfundistas no hacían las mejoras porque su
escasa producción no les permitía hacer grandes inversiones.
Batlle
sólo enfrentó parcialmente el problema, intentando algunas tímidas
reformas pero sin encarar directamente soluciones drásticas como se hizo
en otros asuntos. ¿Por qué esta actitud? Las respuestas pueden ser
varias.
Quizás
no percibió que una reforma en el tema agropecuario era necesaria
porque el sistema de explotación tradicional afectaba a toda la
economía; la ganadería seguía siendo la principal fuente de riqueza a
pesar del apoyo dado a la industria y si en ella no se obtenía una mejor
producción se estaba generando menos riqueza de la que se podía
obtener.
Algunos
historiadores hacen hincapié en las propia conformación del P. Colorado
y en particular del batllismo para explicar la timidez en la resolución
de este tema. Integrado fundamentalmente por las clases medias urbanas,
era respetuoso de la propiedad privada a la que la clase media aspiraba
poseer, no quiso tomar medidas que afectaran a ese derecho, como, por
ejemplo una reforma agraria que expropiara a los latifundios para
repartirlos.
Quizás
haya influido también una actitud política de Batlle. Un ataque frontal
al latifundio hubiera volcado a los estancieros masivamente al P.
Nacional. Las reformas sociales levantaban críticas y temores en los
sectores conservadores y Batlle era señalado como “socialista”o
“anarquista”; una actitud radical contra el latifundio hubiera aumentado
la oposición de esos sectores, a lo que habría que agregar el
enfrentamiento con las empresas inglesas. Un elemental cálculo político
indicaba la necesidad de no crearse nuevos enemigos. En el horizonte
político aparecía amenazante una alianza entre los sectores blancos
dirigidos por Herrera, las empresas extranjeras, los estancieros y los sectores cercanos al catolicismo.
Propuestas para enfrentar el problema de la tierra.-
Las propuestas fueron de dos tipos: el impuesto progresivo a la mayor
extensión de tierra y planes de colonización estimulando la subdivisión
voluntaria de los latifundios.
La creación de un impuesto que sería mayor cuanto más tierras se tuviera derivaba del georgismo,
doctrina fundada por el norteamericano Henry George quien sostenía que
el valor de la tierra aumentaba no por el esfuerzo del propietario sino
por el esfuerzo colectivo (construcciones de carreteras o vías férreas
cercanas al campo, aplicación de nuevos conocimientos, abonos, etc). Por
lo tanto era injusto que sólo el propietario recibiera ese aumento de
valor; era toda la sociedad la que debía recibir los resultados de esa
valorización. La forma en que la sociedad podía recibir su recompensa
era mediante los impuestos que el estado cobraba al propietario de la
tierra.
Pero
recién hacia el final de su período de gobierno Batlle propuso un
aumento importante de la contribución inmobiliaria, aumento que no fue
aprobado por el legislativo.
En
cuanto a los planes de colonización hubo algunas iniciativas para que
el estado comprara tierras, las dividiera en chacras y las revendiera a
los interesados. En otros acasos se proponía estimular a empresas
privadas para que tomaran el costo de la expropiación y crearan chacras
en las cercanías de los pueblos del interior. Hubo además una ley que
concedía premios en dinero y medallas a los estancieros que por su
iniciativa fraccionaran parte de su propiedad y las transformaran en
chacras. Pero ninguna de estas propuestas tuvo un resultado importante.
Tecnificación del agro.-
Al igual que se hizo con la industria se crearon organismos estatales
para asesorar y estimular innovaciones que mejoraran la producción de la
ganadería y la agricultura. En 1911 se crearon tres estaciones
agronómicas. La de Salto especializada en fruticultura, la de Paysandú
en lechería y la Cerro Largo en ganadería. Además se crearon el vivero
de Toledo, destinado a la producción de árboles y el Instituto La
Estanzuela destinado a investigar semillas, cultivos y forrajes.
Además
de la investigación científica, los nuevos establecimientos debían
actuar como escuelas de agricultura y ganadería para la formación de
capataces y peritos agrónomos.
OBRA EDUCATIVA
El
objetivo que se propuso Batlle en este plano fue el de que el estado se
encargara de extender la educación a la mayor cantidad posible de
personas.
Era
importante dentro de la concepción política de Batlle contar con
ciudadanos instruidos, capaces de reflexionar e intervenir activamente
en política y no sólo seguir ciegamente a un caudillo o dejar que la
“clase política” hiciera a su antojo. Para tener un ciudadano consciente
era necesario instruirlo.
Los principales cambios introducidos fueron los siguientes:
- Gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria.
Se propuso que los estudiantes que asistían a liceos y facultades
públicas no pagaran matrículas ni mensualidades, para que fuera
accesible a todos la enseñanza a esos niveles. El dinero que el estado
perdería por esa razón sería compensado con un impuesto sobre las
propiedades cuyos dueños no estuvieran en el país. Ante la oposición de
algunos legisladores blancos el proyecto demoró dos años en aprobarse.
- Liceos para mujeres.
Estaba arraigado en las costumbres de la época, y era aceptado por la
pedagogía, la separación de sexos. Las familias no querían enviar a sus
hijas a institutos de enseñanza mixtos donde los varones eran clara
mayoría y esto dificultaba el acceso de la mujer a una mejor instrucción
y hacer una carrera profesional.
Por eso se dispuso crear una sección femenina de los cursos de
secundaria destinada exclusivamente a las mujeres y así sus padres no
tendrían temores ni excusas para enviarlas.
- Creación de liceos departamentales.
Ya se había aprobado en 1906 la creación de liceos departamentales en
el interior de la república. Pero la carencia de recursos paralizó la
iniciativa y fue retomada en los primeros meses de la segunda
presidencia de Batlle. La finalidad era extender la educación al
interior del país y evitar el traslado de los alumnos a Montevideo para
seguir sus estudios.
HACIA LA REFORMA CONSTITUCIONAL: EL COLEGIADO
El
país había cambiado mucho desde 1830; pero su constitución permanecía
inalterada desde ese año. Una constitución que se adecuaba poco al
Uruguay de 1830, menos parecía servir para el Uruguay de comienzos del
siglo XX. En realidad la constitución se mantenía porque el proceso de
reformar era muy difícil y lo que había ocurrido es que no siempre se
aplicaba; muchos de los gobiernos que Uruguay tuvo en el siglo XIX se
manejaron al margen de ella.
El
concepto de estado y de democracia se habían transformado. Ya no se
podían admitir las limitaciones al sufragio que establecía la
constitución del 30, porque ahora se veía en él un elemento pacificador
porque las luchas políticas se resolvían en las urnas electorales y no
con las lanzas en las cuchillas. Pero para asegurar la resolución
pacífica de la política eran necesarias mayores garantías para el
sufragio. En la antigua constitución faltaban derechos que garantizaran la
vida política y social como el derecho de reunión y el de asociación.
Ni siquiera se mencionaba la existencia de partidos y la posibilidad de
coparticipar en el gobierno. Y, además, el voto no era secreto.
La
constitución del 30, basada en el liberalismo que repudiaba la
intervención del estado en la economía, tampoco decía nada sobre la
existencia de organismos estatales que controlaban la energía eléctrica o
ferrocarriles. Con la presidencia de Batlle habían aparecido una serie
de organizaciones estatales que carecían de una regulación
constitucional.
Además el aumento del poder del estado podía ser peligroso en manos de un presidente con amplios poderes
como
estaba establecido en la constitución del 30. Para algunos, como el
propio Batlle y Ordóñez, el presidente en Uruguay era casi como un
monarca y reclamaban disminuir sus poderes.
Por
estas razones varios sectores políticos estaban interesados en reformar
la constitución, aunque no se ponían de acuerdo en que cosas reformar.
Luego de varios intentos fracasados se logró un acuerdo para reformar la
forma en que la constitución podía ser reformada que era el paso previo
para luego pasar a reformar el contenido de la constitución. En 1912 la
Asamblea General aprobó un procedimiento de reforma constitucional más
fácil: dos tercios de cada cámara declaraban la conveniencia de la
reforma, luego se convocaba a una elección para elegir una Convención
Constituyente que haría las reformas que luego serían plebiscitadas.
La propuesta de Batlle: el ejecutivo colegiado.-
En ese ambiente político donde la reforma constitucional era un tema
permanente, el 4 de marzo de 1913 Batlle y Ordóñez público un artículo
en el diario El Día donde daba a conocer algunas de sus ideas sobre lo
que debía incluir una nueva constitución.
Esa propuesta, conocida como “Los apuntes” de Batlle, introducía como una novedad la sustitución del presidente por una Junta de Gobierno de nueve miembros,
o sea que el Poder Ejecutivo sería colegiado, que duraría nueve años.
La Junta elegiría un presidente dentro de ella que duraría dos años.
Además. Otra innovación era la posibilidad de aplicar mecanismos de
democracia directa: la Junta de Gobierno podía convocar a un plebiscito
cuando discrepara con alguna resolución del legislativo. También los
ciudadanos podían convocar a un plebiscito con el apoyo de un quinto de
los inscriptos en el padrón electoral.
Batlle
había observado el ejecutivo colegiado en Suiza y se mostraba asombrado
de como la gente ni siquiera sabía quien era el presidente de ese país,
no por ignorancia sino por el escaso peso que este tenía. Batlle
manifestaba sus temores de que en Uruguay se dependía mucho de la
personalidad del presidente, por eso proponía “disolver” su importancia
en un órgano colegiado. El poder se diluía entre nueve hombres y ninguno
resultaba peligroso, al tener la misma autoridad ninguno podía abusar
del poder y se controlarían entre ellos. Además al durar nueve años e ir
renovándose por partes permitía mantener al mismo equipo en el gobierno
durante un tiempo suficiente para hacer obra o mantener la ya hecha:
Batlle manifestaba temores que un sólo presidente conservador borrara de
un plumazo las reformas que venía realizando.
La
propuesta de Batlle unió en su contra a colorados y blancos que ya
estaban inquietos con sus reformas económicas y sociales. Once senadores
colorados (de 19 que tenía ese partido) se pusieron de acuerdo para
detener cualquier proyectos constitucional colegialista, de ahí que la
reforma se detuvo hasta la terminación del periodo presidencial de
Batlle en 1915. La oposición dentro del P. Colorado se fue organizando
en torno a la figura de Pedro Manini Ríos quien creó el Partido
Colorado Frutuoso Rivera, nombre que aludía a su intento de volver a la
tradición y dejar la política reformista. Por eso ese sector colorado
opuesto a Batlle fue conocido como “riverista”
El
Partido Nacional se había opuesto siempre a Batlle por varias razones:
era el que lo había derrotado en el campo de batalla (el recuerdo de
1904 aún estaba vivo), era el que negaba la representación proporcional y
gobernaba exclusivamente con el P. Colorado, excluyendo a los blancos
del poder. Pero a esas razones políticas hay que sumarle otras que tal
vez eran las verdaderas causas del enfrentamiento: el P. Nacional estaba
dirigido por los grupos sociales con más poder económico, sobretodo
grandes estancieros, que se alarmaban con las reformas sociales del
batllismo. La clásica popularidad de los blancos en el interior se
reforzaba por la desconfianza que la gente de campo sentía hacia las
reformas que se hacían desde la ciudad. De esta forma las clases altas
del campo se identificaban cada vez con el P. Nacional y arrastraban
tras de si a su peones, señalando a Batlle como el enemigo del orden que
introducía ideas “anarquistas”.
De esta forma los reformistas se identificaron con el colegiado y los conservadores eran anticolegialistas.
La reforma constitucional: la transacción de Batlle con los conservadores.-
Terminada la presidencia de Batlle, continuó el proceso hacia la
reforma de la constitución; se aprobó la convocatoria de una Convención
Constituyente, que fue elegida el 30 de julio de 1916 con voto secreto,
sufragio universal masculino y representación proporcional.
El
triunfo correspondió a los sectores anticolegialistas (84 mil contra 62
mil). El resultado señalaba un claro triunfo de las clases
conservadoras, lo que llenó de asombro a los batllistas que esperaban
una victoria segura al haberse extendido a los sectores populares el
sufragio. Estas elecciones marcaron un claro cambio de rumbo en el
gobierno y en el propio Batlle. El presidente Feliciano Viera, que había
sido designado por la Asamblea con el respaldo de Batlle, declaró que
había que hacer “un alto” en las reformas económicas y sociales apartandose del reformismo.
Batlle
tuvo que transar con los sectores conservadores dentro y fuera de su
partido. Para hacer triunfar, por lo menos en parte sus ideas de
reforma, tuvo que pactar con Manini Ríos y con el Partido Nacional. De
este acuerdo surgió la nueva constitución. Como en las cámaras los
batllistas tenían la mayoría y allí se podía decidir como se aprobaría
la reforma constitucional, la situación era bastante extraña: la
convención constituyente con mayoría anticolegialista podía redactar una
constitución sin colegiado, pero las cámaras podían votar una ley que
estableciera una mayoría especial del electorado para aprobar la reforma
en el plebiscito. Con esto último amenazaron los diputados batllistas,
además Batlle anunció su intención de presentarse de nuevo a la
presidencia.
El
P.Nacional, ante la posibilidad de un nuevo gobierno de Batlle, decidió
entrar en negociaciones. Se designaron cuatro delegados por el P.
Nacional y cuatro por el Batllismo (la comisión d e los ocho) que se
encargaron de elaborar el texto constitucional. En ella se establecieron
propuestas de ambo sectores, y aunque ninguno obtenía todo lo que
quería se conformaban al obtenerlo en parte: Batlle obtenía el colegiado
y los blancos la coparticipación y las garantías para el sufragio.
La Constitución de 1918.- Su principal característica fue el Poder Ejecutivo con dos órganos: el presidente y el Consejo Nacional de Administración.
No era el colegiado propuesto por Batlle, sino una transacción que
incluía un órgano colegiado pero manteniendo también al presidente.
¿Qué
función cumplía cada uno de estos órganos? Al presidente le
correspondían las funciones primarias del estado: el orden interior y la
seguridad de las fronteras, por lo tanto tenía en sus manos la policía y
las fuerzas armadas. Al Consejo Nacional de Administración le
correspondían las funciones secundarias del estado: educación salud,
obras públicas y economía. Como su nombre lo indicaba tenía una función
administrativa.
Este
sistema de ejecutivo bicéfalo presentaba sus peligros: que los dos
órganos tuvieran distintas tendencias políticas y no se pusieran de
acuerdo. Además podía haber interferencias en las funciones porque en la
realidad política no siempre quedaba clara el área de competencia de
cada uno. Como uno sólo de estos órganos, el presidente, disponía del
mando de la fuerza del estado, en caso de desavenencias con el otro
órgano podía usarlo en su contra (como sucedió en 1933 con el golpe de
estado de Terra).
Esta
constitución admitía la coparticipación en el gobierno ya que la
minoría, además de tener representación en el parlamento, tenía
representantes en la parte colegiada del ejecutivo. El Consejo de
Administración se integraba con 9 miembros, 6 correspondían a la lista
más votada del partido más votado y 3 a la lista más votada del partido
que le seguía en votos. De acuerdo a la realidad política era previsible
que al ponerse en práctica la constitución, 6 consejeros fueran del
batllismo y 3 del herrerismo. Tanto los consejeros como el presidente se
elegían directamente por los votantes.
En
cuanto al sufragio se establecían garantías como el voto secreto y la
inscripción obligatoria en el Registro Cívico. Se preveía que a través
de una ley se estableciera el sufragio para la mujer.
Otra
innovación de esta constitución es que separa la Iglesia y el Estado
culminando un proceso iniciado en el siglo XIX. El estado no profesaba
ni respaldaba a ninguna religión.
La nueva constitución, la segunda del Uruguay, fue aprobada en plebiscito y entró en vigencia en 1919
hola
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