LA DICTADURA (1973-1984)
Tradicionalmente
se ha dividido este período histórico en tres etapas, siguiendo la
división realizada por el politólogo Luis E. González:
1) La etapa de la “dictadura comisarial” desde 1973 a 1976.
2) La etapa “fundacional” hasta 1980.
3) La “transición hacia la democracia” a partir del plebiscito del 80 hasta que asume el nuevo gobierno en marzo de 1985.
EL INICIO: EL GOLPE DE ESTADO DEL 27 DE JUNIO
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| Los militares ingresan al Palacio Legislativo para disolver al Parlamento. |
El
27 de junio de 1973 el Presidente Juan María Bordaberry decretó la
disolución del Parlamento y la creación de un Consejo de Estado. Se
intervinieron los Entes Autónomos y se destituyó al intendente de Rocha.
Tres días después se declaró ilegal a la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) y se ordenó la captura de sus dirigentes.
¿Quienes apoyaron el golpe y quienes se opusieron? El
ex-presidente Jorge Pacheco Areco, que había sido designado embajador
en España, envió un telegrama apoyando las medidas de Bordaberry. La
lista 15 del P. Colorado hizo una declaración rechazando el golpe.
Dentro del Partido Nacional los sectores que habían apoyado la
candidatura presidencial de Wilson Ferreira Aldunate se opusieron y lo
mismo hizo el Frente Amplio. Este y los sectores blancos antigolpistas
decidieron coordinar acciones para hacer fracasar el golpe. La CNT
también se opuso e inició una huelga general. También las organizaciones
estudiantiles rechazaron el golpe.
Hubo
sectores del Parido Nacional que vieron con simpatía el golpe y lo
apoyaron. Entre otros Martín Etchegoyen, que había apoyado a la
dictadura de Terra en los años 30, y que fue designado presidente del
Consejo de Estado
Los
sectores opositores coordinaron una manifestación que se realizó el 9
de julio de 1973 por la avenida 18 de Julio de Montevideo. La
manifestación fue reprimida violentamente deteniéndose a cientos de
manifestantes, entre ellos al presidente del Frente Amplio, Liber
Seregni. Algunos días después la CNT decidía levantar la huelga general
al no lograr la caída de los golpistas. Algunos dirigentes políticos,
temiendo las represalias, abandonaron el país.
Al
ver consolidado su poder, el gobierno dirigido por Bordaberry comenzó a
imponer medidas para profundizar el control sobre la población y llevar
acabo su política:
- Se prohibieron los partidos de izquierda y se suspendió la actividad política de los demás partidos
- Se inició la destitución de docentes y se clausuraron los institutos de formación docente.
- Se intervino la Universidad de la República y se prohibió la Federación de Estudiantes Universitarios.
- Se inició una
campaña publicitaria para obtener el apoyo de la población (“Póngale el
hombro al Uruguay”). A través de los medios de comunicación se mostraba
al gobierno estableciendo el orden en un país que era atacado por la
“subversión”. Y esta no era sólo la guerrilla, sino los partidos
políticos, los sindicatos, la Universidad, etc. Como en el resto de
América Latina el ejército de Uruguay aplicaba la “doctrina de seguridad
nacional”.
LA DOCTRINA DE SGURIDAD NACONAL
“Doctrina
difundida por los Estados Unidos en América Latina a través de la
escuela de formación de oficiales superiores de las fuerzas armadas. En
esta institución ubicada en la zona del Canal del Panamá y conocida como
"Escuela de las Américas", oficiales norteamericanos instruían política
y militarmente a los jefes de los ejércitos latinoamericanos. Allí se
difundió esta teoría según la cual el enemigo no estaba fuera de las
fronteras sino dentro del propio país. Ese enemigo era el opositor,
denominado genéricamente como "subversivo" al que había que combatir
hasta la muerte. Esta Doctrina tuvo una nefasta influencia en la región y
fue aplicada a rajatabla por las distintas dictaduras
latinoamericanas”. (Felipe Piña, historiador argentino)
“LA CASA EN ORDEN” (1973-76)
El
predominio de los sectores “duros” dentro del ejército consolidó la
dictadura. Aumentó la represión: mayor cantidad de presos por razones
políticas (especialmente integrantes del Partido Comunista), condición
de “rehenes” para 9 dirigentes tupamaros, censura de prensa (clausura
definitiva del semanario “Marcha”), persecución a periodistas e
intelectuales, intensificación de la destitución de docentes. A todos
los funcionarios públicos se les exigió un certificado de “fe
democrática”: los que figuraban en la listas de los partidos de
izquierda en las elecciones de 1971 fueron destituidos.
En
el año 1975 la dictadura reforzó su campaña para obtener una mejor
imagen tanto dentro como fuera del país. Al cumplirse 150 años de los
sucesos de 1825 se declaró a 1975 “Año de la Orientalidad”, realizándose
actos y festejos exaltando el nacionalismo y el patriotismo como una
forma de obtener más respaldo popular. Además se realizó la repatriación
de los restos de Lorenzo Latorre y se le realizaron homenajes, tratando
de prestigiar una figura que la historia tradicional presentaba como
dictador y a su vez crear un paralelismo de su gobierno (cuando se hizo
la primera modernización) con la nueva dictadura. Prestigiando a los
dictadores del pasado la dictadura pensaba prestigiarse a si misma.
Se
estrecharon vínculos con las dictaduras vecinas: Brasil, Chile y
Paraguay en primera instancia y luego Argentina tras el golpe militar de
1976. Los gobernantes de esos países fueron recibidos y homenajeados.
Años después se sabría que las dictaduras del cono sur coordinaron la
represión y persecución de opositores a través del “Plan Condor”. Fue
así que muchos exiliados uruguayos fueron capturados en países vecinos,
especialmente Argentina, y traídos en forma secreta al Uruguay, para ser
interrogados, torturados y desaparecidos.
De
acuerdo a la constitución en el año 1976 debían celebrase elecciones.
Por lo tanto eran de esperar novedades en el campo político: o se
convocaba a elecciones con un funcionamiento restringido de los partidos
o se aplazaban, reformándose la constitución. El presidente Bordaberry
presentó a los jefes militares una propuesta de constitución de tipo
fascista por la cual no funcionarían partidos políticos, ni siquiera los
tradicionales blanco y colorado. Los militares no compartieron las
ideas de Bordaberry y lo destituyeron, designando como presidente a
Alberto Demicheli.(junio de 1976).
En
un comunicado público los militares dieron a conocer que las Fuerzas
Armadas no querían “compartir el compromiso y la responsabilidad
histórica de suprimir los Partidos Tradicionales” como quería
Bordaberry, pero tampoco convocarían a elecciones. Se proponían crear
Leyes Constitucionales para sustituir a la Constitución y mantener un
gobierno provisorio, o sea continuar con la dictadura.
EL INTENTO FUNDACIONAL (1976-80)
El día que
asumió la presidencia, Demicheli firmo las dos primeras de esas “leyes
constitucionales”, conocidos como Actos Institucionales 1 y 2. Se
trataba de normas que modificaban la constitución de 1966 en aquellos
aspectos que chocaban con lo que la dictadura hacía. El primero
establecía la suspensión de las elecciones por tiempo indefinido. El
segundo creaba un nuevo organismo, el Consejo de la Nación, integrado
por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales del ejército,
la marina y la aviación. Las funciones de este organismo eran designar
al Presidente, a los miembros del Consejo de Estado y de la Suprema
Corte de Justicia. Es decir que los máximos organismos del estado eran
designados por un órgano militar: la Junta de Oficiales.
Para reforzar
la presencia militar en el gobierno, que ya existía de hecho pero ahora
quería establecerse de “derecho”, el Acto Institucional 3 legalizó la
existencia del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que venía actuando
desde febrero de 1973. Además creó el Ministerio de Justicia,
supeditando el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
El Acto
Institucional número 4 establecía la proscripción por 15 años de todos
los políticos con actuación en los últimos años, bajo la acusación
genérica de haber colaborado con la subversión o la corrupción. Cuando
volviera a haber actividad política esas personas no podrían participar.
El presidente Demicheli se negó a firmarlo y fue destituido. En su
lugar fue designado Aparicio Méndez (setiembre de 1976).
El
Acto Institucional 5 también “legalizaba” otra situación de hecho: la
violación de los derechos humanos. Establecía que los derechos
individuales quedaban limitados por razones de seguridad nacional. Por
su parte el acto 7 dejó las manos libres al gobierno para “disponer” de
los funcionarios públicos es decir destituirlos sin causa. Esta medida
se consideraba importante para limpiar la administración de la
“infiltración subversiva” como lo señaló el Ministro de Justicia
Fernando Bayardo Bengoa.
La
reiterada violación de los derechos humanos (detenidos sin causa,
torturas, destituciones, proscripciones, etc) le causó problemas a la
dictadura en el exterior. Las denuncias realizadas por los exiliados
(Wilson Ferreira, Zelmar Michellini y Enrique Erro entre otros)
provocaron la condena de varios países y de organismos internacionales.
Además el presidente de EEUU, James Carter que en ese momento llevaba
adelante una política de fuerte respaldo a los derechos y de condena a
su violación, expresó su desagrado por lo que sucedía en Uruguay y el
Congreso norteamericano suspendió la ayuda militar a nuestro país.
Tal
vez por la condena internacional, tal vez por que pensaba que ya se
había eliminado la “subversión comunista”, el gobierno comenzó a
planificar una salida a largo plazo.
En
un Cónclave reunido en Santa Teresa (agosto de 1977) el gobierno trazó
un plan político en el que se preveía hacer una nueva constitución que
se plebiscitaría en el año 1980 y elecciones para 1981 donde sólo
participarían los partidos tradicionales.
Hasta
ese momento los partidos tradicionales tenían un funcionamiento
clandestino mínimo. Hubo cierta apertura cuando los militares
consultaron a algunos políticos
sobre los cambios ha realizar en la constitución. Los políticos
consultados se mostraron en contra del proyecto y los militares
volvieron a criticar a los políticos sosteniendo que “a los vencedores
no se le ponen condiciones”.
A
pesar de las críticas de los políticos, el gobierno siguió adelante con
su proyecto de constitución que claramente se basaba en la doctrina de
la seguridad nacional. Entre otras cosas se preveía la existencia del
COSENA (lo que significaba la presencia permanente de los militares en
el gobierno), se establecía que en las elecciones de 1981 habría un
candidato único a la presidencia y debía contar con el apoyo militar. En
materia de derechos humanos se restringían las libertades: se permitían
allanamientos nocturnos, se daba más plazo para mantener detenida a una
persona, se reglamentaba el derecho de huelga recortándolo. Se creaba
un Tribunal de Control Político que tenía potestades para investigar el
funcionamiento de los partidos y sancionar a sus dirigentes, además se
ponía trabas a la formación de nuevos partidos.
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| La dictadura organizó el Mundialito de 1980 para mejorar su imagen en el mundo |
EL PLEBISCITO DE 1980
En
noviembre el gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para lograr
el voto de apoyo por el SI en el plebiscito a realizarse el último
domingo de ese mes. La propaganda se basaba en “crear un nuevo Uruguay” y
“combatir al comunismo internacional”. La dictadura intentó asociar el
voto por el NO con la subversión y la corrupción política.
Casi
todas las figuras políticas habilitadas (aún se mantenía la
proscripción) se expresaron por el NO. Sólo se expresaron por el SI el
colorado Jorge Pacheco Areco y
dentro del Partido Nacional algunos sectores herreristas y Alberto
Gallinal. Los dirigentes de izquierda desde el exilio la cárcel se
pronunciaron en contra de la reforma. Pero mientras el gobierno
disponía de todos los medios de comunicación para hacer propaganda a
favor de la reforma, los opositores no tenían esa posibilidad. El boca a
boca fue importante para difundir los motivos de quienes se oponían.
También se contó con dos medios de comunicación que trataron de hacer la
crítica de la reforma propuesta: el semanario “Opinar” fundado por
Enrique Tarigo y CX30 La Radio a través de las palabras de su director
José Germán Araújo. Ambos medios se convirtieron en símbolos de la
resistencia frente a la dictadura y de la lucha por recuperar la
democracia.
En
el plebiscito participó el 85% de los habilitados para votar. Triunfó
el NO (57% de los votantes) por lo tanto el proyecto de constitución
presentado por el gobierno no fue aceptado. Se abría una gran
interrogante: ¿qué haría el gobierno?¿Se haría una apertura democrática?
¿Se volvería más represivo? El resultado podía interpretarse como un
rechazo a una constitución poca democrática, pero algunos militares
podían entenderlo como un rechazo a una salida constitucional y el
mantenimiento de la dictadura.
LA DICTADURA TRANSICIONAL (1980-84)
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| Gregorio Alvarez |
Ante
el resultado del plebiscito el gobierno preparó un nuevo plan político
que buscaba la participación de los partidos políticos. En julio de
1981el gobierno entregó a algunos dirigentes políticos unas “bases para
el diálogo” que establecían un transición de tres años, la designación
de un nuevo presidente, la integración de representantes de los partidos
tradicionales en el Consejo de estado, desproscripciones paulatinas.
El
plan se puso en marcha. Se desproscribió a un centenar de políticos (no
los de primera línea) y se designó un nuevo presidente: el General Gregorio Alvarez (setiembre de 1981).
Las
Fuerzas armadas crearon una Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) que
comenzó a discutir con los representantes de los partidos las
condiciones en que estos funcionarían. No fue convocado ningún
representante de la izquierda. Las mayores dificultades de entendimiento
de los militares fueron con el Partido Nacional, cuya mayoría se
organizó en torno a la figura de Wilson Ferreira, exiliado en Londres.
El
año 1982 fue clave para el comienzo del fin de la dictadura. Tres
hechos importantes debilitaron al gobierno y aumentaron la fuerza de la
oposición:
a) la crisis económica conocida como el “quiebre de la tablita” que le quitó al gobierno el apoyo de sectores empresariales;
b)
la aparición pública de organizaciones gremiales de trabajadores y
estudiantes (ASCEEP: Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la
Enseñanza Pública);
a) el triunfo de los sectores más opuestos a la dictadura en las elecciones internas realizadas en noviembre.
En
junio de 1982 el Consejo de Estado había aprobado el Estatuto por el
que debían regirse los partidos políticos. Inmediatamente comenzaron las
movilizaciones partidarias para
las elecciones internas de noviembre. En ellas se elegirían las
autoridades de los partidos tradicionales. Esas autoridades eran las que
después discutirían con los militares el proceso para poner fin a la
dictadura.
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| Enrique Tarigo, uno de los opositores a la dictadura |
Las internas de 1982.-
Se
presentaron muchas listas (las que se identificaban con tres letras del
alfabeto para evitar usar los números que identificaban a las antiguas
listas) pero inmediatamente aparecieron figuras predominantes. En el
Partido Colorado Jorge Pacheco Areco ( a quien se identificaba con la
dictadura por el apoyo que le había dado a ésta), Julio María
Sanguinetti (a quien se veía como representante de Jorge Batlle que
estaba proscrito) y Enrique Tarigo (que aparecía como uno de los
colorados opositores por su campaña por el NO en el 80 y por las
críticas constantes al gobierno hechas en el semanario Opinar y como una
figura política nueva ya que no tenía actuación política anterior al
73). El acercamiento que hubo entre Sanguinetti y Tarigo llevó a un
grupo de jóvenes colorados que apoyaban a Tarigo a crear su propio
sector: la Corriente Batllista Independiente liderada por Manuel Flores
Silva y Victor Vaillant.
En
el Partido Nacional había claramente dos tendencias: una a la que se
identificaba con la dictadura y que tenía entre sus líderes a Alberto
Gallinal y la otra identificada con el Movimiento Por la Patria (Wilson
Ferreira) y el Movimiento de Rocha (Carlos Julio Pereira), opositora.
Como ambos dirigentes estaban proscriptos (Ferreira se mantenía aún en
el exterior)no podían formar parte de la lista que fue encabezada por el
historiador Juan Pivel de Voto
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| Desde CX30 Radio Nacional, José Germán Araujo se opuso a la dictadura |
El
gobierno también había autorizado el funcionamiento de la Unión Cívica,
pero no había permitido el funcionamiento de los sectores de izquierda
que en 1971 habían integrado el Frente Amplio. Algunos de estos
sectores, como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano
reclamaron la posibilidad de presentarse a las internas pero le fue
negada. Entonces a la izquierda se le presentaron dos posibilidades: o
hacer que sus seguidores votaran dentro de los partidos tradicionales
aquellas listas más opositoras a la dictadura o votar en blanco. En un
primer momento el Partido Comunista, que en el exterior coordinaba
acciones con exiliados blancos de la línea wilsonista, se pronunció a
favor de que sus afiliados votaran por la lista identificada con Wilson
Ferreira. Pro otros sectores del Frente Amplio, siguiendo la
recomendación de su líder Liber Seregni, aún preso, optaron por el voto
en blanco.
El
gobierno liberalizó las condiciones políticas para permitir el
desarrollo de la campaña electoral. Hubo mayor libertad de prensa,
reuniones y concentraciones callejeras. La campaña se fue radicalizando
ya que todas las actividades políticas eran aprovechadas por la
población para expresar sus críticas y desaprobación al gobierno. Este
reaccionó cerrando algunos medios de prensa y procesando a algunos
dirigentes.
Las
elecciones se realizaron el 28 de noviembre de 1982. Concurrió a votar
el 60% de los habilitados. Los sectores simpatizantes con la dictadura
fueron ampliamente derrotados. Dentro de los blancos se consolidó la
postura intransigente frente al régimen que tenían Wilson Ferreira y
Carlos Julio Pereira. Dentro del P. Colorado la derrota del pachequismo
abría el camino para Sanguinetti y Tarigo. Ambos sectores ganadores
quedaban confirmados como representantes de la mayoría de la población.
La importante cantidad de votos en blanco (85.377 votos) demostraba la
existencia de una izquierda que no se podía desconocer.
Al
gobierno la situación se le había complicado: ahora los partidos
estaban legitimados y los dirigentes políticos con quienes tenían que
dialogar la “salida” tenían el respaldo de la gente, a pesar la durísima
crítica que la dictadura había hecho desde 1973 a “los políticos”.
1983: año de conversaciones y movilizaciones.-
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| Wilson Ferreira, lider blanco en el exilio |
El
resultado de las internas, como había sucedido con el intento de
reformar la constitución en 1980, era una clara derrota para el
gobierno. Dentro de este comenzaron a hacerse notar diferencias. Por un
lado los sectores que querían buscar una salida y dejar el gobierno en
manos de civiles (aunque con la tutela de los militares) y aquellos que
querían crear un partido del proceso. Dentro de esta postura estaba,
entre otros el presidente Gregorio Alvarez, como quedó claro en un
discurso realizado en la localidad de Aceguá.
En
el mes de mayo en el Parque Hotel comenzó el diálogo entre militares y
políticos sobre la futura constitución. Pero las conversaciones no
avanzaron mucho: los militares planteaban la futura constitución en
términos parecidos ala rechazada en 1980. Además se endureció la censura
a la prensa y se detuvieron dirigentes políticos, acciones que se
atribuyeron a Alvarez, que parecía no estar de acuerdo con la salida y
quería “enturviar” el diálogo. Al suspenderse las conversaciones, el
gobierno prohibió la actividad de los partidos políticos y amenazó en
aprobar por su cuenta la nueva constitución.
Mientras
se paralizaban las conversaciones, aumentaron las movilizaciones
populares, realizadas sobretodo por gremios de trabajadores y
estudiantes. En abril se había formado el Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT), que el 1° de mayo había conmemorado el día de los
trabajadores con una gran concentración luego de 10 años de prohibición.
A partir fueron frecuentes las movilizaciones tanto para reclamar por
cuestiones puramente gremiales como para reclamar por el retorno a la
democracia. También los estudiantes organizados en ASCEEP se
movilizaban, siendo su actividad más importante la realización de “La
semana del estudiante” en setiembre de ese año que culminó con una
multitudinaria manifestación. A estas movilizaciones hay que agregar la
formación de la intersectorial, formada por los gremios, los partidos,
cooperativas de vivienda, etc que impulsaron las “caceroleadas” a partir
del mes de agosto.
Las
movilizaciones tuvieron su punto culminante en la concentración
realizada en el Obelisco de los Constituyentes el 27 de noviembre. En
ese acto se reunieron más de 400 mil personas que escucharon una
proclama leída por el actor Alberto Candeau. En el acto había un estrado
donde se ubicaron las principales figuras de la oposición a al
dictadura; lo novedoso fue además de las figuras políticas de los
partidos tradicionales, también se encontraba figuras de la izquierda.
Pero
a pesar de las manifestaciones en conjunto realizadas por todos los
partidos, se comenzaban a notar diferentes enfoques sobre la “salida” de
la dictadura entre blancos y colorados. Era evidente que los militares
buscaban la mejor salida para él, es decir alejarse del poder sin tener
que rendir cuentas. Los colorados, con Sanguinetti perfilándose como
máximo líder buscaban una salida negociada y moderada que implicaba
aceptar algunos de los planteos militares. Por su parte la mayoría
blanca quería negociar desde
una posición de fuerza y ponía como condición para cualquier diálogo la
desproscripción de Wilson Ferreira. Sanguinetti le comunicó a Ferreira
en una reunión que tuvieron en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) que el
P. Colorado estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los militares,
aún sin el P. Nacional. Pero no parecía legítimo un acuerdo sólo con los
colorados. La Unión Cívica era otro de los partidos habilitados pero
tenía escaso respaldo popular, por lo tanto no era suficiente su
participación en un posible acuerdo. Por otro lado no se podía negar la
existencia de la izquierda en la calle, aunque seguía proscripta.
Podemos especular que la estrategia de quienes querían una salida
negociada apuntó a permitir la actividad de cierta parte de la izquierda
para tener otro partido para dialogar y posiblemente acordar.
1984: EL AÑO DE LA SALIDA
 |
| Al regresar al Uruguay Wilson Ferreira fue detenido |
En
marzo de 1984 se produjo la liberación de Liber Seregni. En sus primeas
palabras desde el balcón de su apartamento anunció, refiriéndose al
Frente Amplio, “somos una fuerza pacífica y pacificadora”, dando a
entender la posibilidad de integrar a la izquierda en el diálogo para la
salida de la dictadura.
El
P. Nacional dio a conocer su intención de recoger firmas para convocar a
un plebiscito para reformar la constitución. Tanto el P. Colorado como
la izquierda no estuvieron de acuerdo. Entonces el P. Nacional anunció
que no iba a seguir negociando y que no haría ningún acuerdo si se
mantenían las proscripciones. Wilson Ferreira que se había trasladado
desde Londres a Buenos Aires, anunció su pronto regreso al país, a pesar
de había una orden de captura contra él. Los colorados consideraron que
la actitud de confrontación de Ferreira podía perjudicar el diálogo y
favorecer a los sectores duros del gobierno.
 |
| Un diario informa del regreso de "Los Olimareños", prohibidos por la dictadura como muchos otros artistas |
El
16 de junio Ferreira regresó al país. Un gran despliegue militar esperó
su llegada al puerto de Montevideo; fue detenido y recluido en un
cuartel en Florida. Algunos blancos esperaban que la llegada de Ferreira
provocaría tal conmoción que provocaría la caída de la dictadura. Pero
no sucedió así. los colorados mantuvieron su actitud negociadora y los
militares, que se habían opuesto a la posibilidad de que la izquierda
volviera a existir, se dieron cuenta que necesitaban otro sector
político que participara de los posibles acuerdos. Empezaron a
considerar la posibilidad de que algunos sectores del Frente Amplio
fueran permitidos e incluidos en el diálogo.
En
julio se reinició el diálogo entre los militares y los representantes
del P. Colorado, la Unión Cívica y de algunos sectores del Frente Amplio
(P. Socialista y Partido Demócrata Cristiano). Las reuniones se
realizaron por casi un mes y culminaron en un acuerdo realizado en el
Club Naval. En noviembre se realizarían elecciones y se harían algunas
reformas transitorias a la constitución referidas al ascenso de los
oficiales militares y la designación de los comandantes de las tres
armas. Los sectores políticos solicitaron la libertad de Ferreira para
que el P. Nacional se incorporara al acuerdo, pero los militares
respondieron que era la justicia militar la que debía resolver. No se
trató el tema de la violación de los derechos humanos, pero en la
opinión de los militares no había posibilidad de “revisión” de lo que
ellos llamaban “la lucha antisubversiva”.
El
acuerdo fue rechazado por el P. Nacional que habló de un “pacto del
Club Naval” entre Sanguinetti y Hugo Medina (Comandante del Ejército)
para dejar afuera de las elecciones a Ferreira y facilitar el triunfo
del P. Colorado. A cambio, decía el P. Nacional, Sanguinetti hizo
concesiones a los militares que significaban reconocer la dictadura.
Acusó al Frente Amplio de haber prestado apoyo a ese “pacto”.
El
P. Colorado consideraba que el acuerdo logrado era el único camino
responsable para salir de la dictadura, ya que si no había acuerdo los
militares seguían en el poder.
Para
el Frente Amplio el diálogo y el acuerdo con los militares era la forma
de recuperar su legalidad y participar de la toma de decisiones. Si
bien mantenía varios sectores y muchos dirigentes proscriptos (como
Seregni), recuperaba la posibilidad de actuar públicamente y salir de la
clandestinidad.
LAS ELECCIONES DE 1984
El
15 de agosto de 1984 se dictó el Acto Institucional 19 que recogía el
acuerdo entre los militares y los partidos políticos (Colorado, Frente
Amplio, Unión Cívica). Allí se establecía la convocatoria a elecciones
para el mes de noviembre y las normas transitorias que se agregarían a
la Constitución.
En
esa misma fecha se creó la Concertación Nacional Programática
(CONAPRO), organismo integrado por los partidos políticos y
organizaciones sociales con el objetivo de establecer objetivos comunes
en economía, educación, salud, etc que llevaría acabo el futuro
gobierno.
Para
las elecciones presidenciales el P. Colorado presentó dos candidaturas:
Sanguinetti (con Enrique Tarigo como vice) que reunía a los sectores
batllistas y Jorge Pacheco Areco. En
el P. Nacional se presentaron tres candidatos. El sector mayoritario
(Movimientos Por la Patria y de Rocha) al tener a su lider Ferreira
preso y proscripto, designó como candidato a Alberto Zumarán (acompañado
de Gonzalo Aguirre a la vice-presidencia). Además eran candidatos Dardo
Ortiz (por sectores herreristas) y Carlos Paysée (último intendente de
Montevideo durante la dictadura y claramente identificado con ésta). El
Frente Amplio que tenía a su lider Seregni proscripto, presentó como
candidato a José Crotoggini acompañado por José D’Elía, dirigente de la
CNT.
Las
elecciones del 25 de noviembre le dieron el triunfo al P. Colorado y
dentro de él a Sanguinetti Su candidatura recogió muchos votos
extrapartidarios (seguramente blancos) que lo veían como el único
garante de una salida moderada y pacífica. Su campaña publicitaria en la
que se mostraba como “el cambio en paz” atraía votantes que querían
cambios pero no sobresaltos. El P. Nacional perdió votos: porque muchos
blancos se asustaron por el nivel de enfrentamiento con los militares y
porque Zumarán no pudo suplantar el carisma de Ferreira. Este fue
liberado 5 días después de las elecciones.
El
Frente Amplio se mantuvo como tercera fuerza política afirmando su
presencia en el mapa electoral a aunque muchos de sus dirigentes estaban
aún proscritos y a pesar de la persecución que sufrió durante la
dictadura.
LA ECONOMÍA DURANTE LA DICTADURA
La evolución de la economía durante la dictadura se puede dividir en tres etapas.
PRIMERA ETAPA: LAS REGLAS DEL MERCADO (1974-78)
Antes
del golpe de estado, en 1972, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
había elaborado un Plan Nacional de desarrollo para ser aplicado por
cinco años. El plan se basaba en las ideas del neoliberalismo. Era la
adaptación de las viejas ideas del liberalismo del siglo XVIII según las
cuales la economía se autoregula o
está regulada por leyes naturales (como la ley de oferta y demanda),
con las que el estado no debe interferir. “El mercado debe ser el
asignador de recursos”, es decir que el mercado (todos los individuos
que forman parte de una sociedad) a través de lo que hacen (consumo,
trabajo, inversiones) establecen los pecios de los productos, el
salario, etc.
El
plan elaborado en 1972 consideraba que la economía uruguaya se había
estancado por la perdida de importancia del mercado frente al estado y
por la desvinculación del Uruguay a lo que pasaba en la economía
mundial. Proponía devolver al mercado su rol en la asignación de
recursos disminuyendo la actividad del estado y que los agentes
productivos (empresarios, trabajadores, etc) tomaran libremente sus
decisiones. Había que abrir la economía del país (apertura económica) al
comercio y a las inversiones internacionales eliminando impuestos
aduaneros y trabas legales.
Este
plan, elaborado para el gobierno de Bordaberry, fue implementado por
este mismo presidente luego del golpe de estado a través del Ministro de
Economía Alejandro Vegh Villegas.
Se inició la
apertura económica con la libertad de cambio de moneda extranjera y de
movimientos de capitales. En marzo de 1976 se decretó el fin del uso
forzoso del peso dentro del país, abriendo camino para la
“dolarización”. Para las importaciones se eliminó la obligación de los
importadores de hacer un depósito previo y se redujeron los impuestos
aduaneros.
Se favoreció a las inversiones extranjeras, al dejarles libertad para disponer de sus ganancias (podían retirarlas del país).
Se
intentó promover las industrias en el sector de las exportaciones no
tradicionales, como una forma de aumentar las ventas al exterior ante el
estancamiento de las exportaciones tradicionales. La Comunidad
Económica Europea había tomado medidas proteccionistas cerrando sus
mercados al ingreso de carne perjudicando las exportaciones de Uruguay.
Antes con lo obtenido por la exportación de carne se podía pagar buena
parte del petróleo importado. Pero con el aumento del precio del
petróleo y la caída de las exportaciones de carne hubo que recurrir a
las reservas en dólares para pagar las cuentas.
El
gobierno fijó los salarios y las jubilaciones, mientras los precios de
los productos se fueron liberando. En 1974 había precios fijados al 94%
de los productos de la canasta familiar; en 1978 se habían reducido al 51%
de esos productos. Al quedar libres algunos de esos precios aumentaron,
mientras los salarios, sólo aumentaban cuando el gobierno lo decidía. Y
el gobierno decidía escasos aumentos salariales porque se basaba en la
idea neoliberal de que el aumento de salarios podía provocar un exceso de circulante (dinero
disponible) y esto llevaría a la inflación (aumento de precios). Hay
que tener en cuenta que los sindicatos estaban prohibidos y los
trabajadores no podían organizarse para hacer reclamos.
Si
observamos los resultados vemos un crecimiento del producto bruto
interno (3,8% anual) que se dio especialmente en la construcción, el
comercio y en la industria textil, de aparatos eléctricos y papel.
Aumentaron las exportaciones no tradicionales (del 38% al 70%). También
aumentaron las importaciones por lo que se mantuvo el déficit de la
balanza comercial. Hubo un aumento de las inversiones extranjeras,
destacándose el ingreso de capitales argentinos en negocios
inmobiliarios que provocaron el “boom” de la construcción en Punta del
Este. Aumentó la deuda externa, bajó la inflación y también bajaron los
salarios.
SEGUNDA ETAPA: LA TABLITA (1978-1982)
La
segunda etapa corresponde al período en que el Ministerio de Economía
estuvo a cargo de Valentín Arismendi tras la renuncia de Alejandro Vegh
Villegas.
Para
abrir más la economía del Uruguay al exterior se siguieron bajando los
impuestos aduaneros y además se redujeron los subsidios a las industrias
nacionales, para que estas se vieran obligadas a “ser eficientes” y
competir con las importaciones sin apoyo estatal.
Se
utilizó un sistema de fijación del valor oficial del cambio de dólares
(el valor que el estado le daba a esa moneda en territorio nacional)
preanunciando su valor a futuro. De esta manera alguien se podía
endeudar en dólares con la tranquilidad de saber cuando valdría el dólar
en los siguientes meses. Este sistema de fijación anticipada del dólar
se conoció popularmente como “la tablita”. Como el valor del dólar de la
tablita aumentó menos que los precios dentro del Uruguay, aumentaron
las importaciones.
Se
privilegió la actividad financiera (bancaria). Se eliminaron los
encajes bancarios obligatorios (cantidad mínima de dinero que los bancos
debían siempre mantener en depósito), se amplió el posibilidad de
endeudamiento e los bancos y se liberó la tasa de interés. Los bancos
aumentaron las tasa de interés que pagaban por los depósitos lo cual
atrajo depositantes de adentro y fuera del país. De esta manera se
favorecía la especulación sobre la producción porque muchos capitales se
depositaron para obtener una tasa más alta de ganancia en los bancos en
lugar de invertirlos en industrias, comercio, etc. Los depósitos en los
bancos se hacían en dólares y los préstamos de los bancos también se
hacían en esa moneda.
El
producto bruto interno siguió creciendo como en la etapa anterior, pero
por el mantenimiento de las construcciones privadas en Punta del este y
Montevideo y por las obras públicas (como la represa de Salto Grande) mientras caía la producción industrial.
En
1982 dejaron de ingresar capitales extranjeros. El déficit del estado
(gastos) era importante. El sector productivo especialmente pequeños y
medianos productores agropecuarios e industriales, se había endeudado en
dólares. Debido alas altas tasas de interés y la caída de sus ventas
esos productores no pudieron pagar los préstamos y los bancos pidieron
ayuda al estado para que se hiciera cargo de esas deudas. El Banco
Central así lo hizo (la compra de carteras pesadas). Como lo expresa el
historiador Benjamín Nahum los bancos privados, para salvarse del
desastre reclamaron el salvataje del estado que, según esos mismos
bancos y las ideas sostenidas desde el gobierno, no debía intervenir en
la economía para que esta funcionara “naturalmente”.
Al hacerse cargo de esas deudas y salvar a
los bancos el estado se endeudó aún más con el exterior. Finalmente, en
noviembre de 1982, días antes de las elecciones internas de los
partidos, convocadas por la dictadura, el Ministerio de Economía anunció
el fin de la tablita, o sea el fin del valor del dólar prefijado. El
valor del dólar aumentó inmediatamente, pasando en dos días de 13 a 39
pesos. Días antes, entrevistado el ministro Arismendi sobre la
posibilidad que el dólar subiera había dicho enfáticamente “sólo un
marciano puede creer eso”.
El
aumento del dólar perjudicó a todos aquellos que se habían endeudado en
esta moneda, tanto productores con préstamos bancarios como
consumidores que habían comprado a plazos. Cientos de empresas
quebraron.
TERCERA ETAPA: EL DESASTRE (1982-1984)
La
elevada deuda externa obligó al gobierno a refinanciarla a través del
FMI. En febrero de 1983 se firmó un acuerdo con este organismo donde
Uruguay aceptaba las “recetas” que aquel imponía a los países
endeudados: obtener un equilibrio en el presupuesto, limitar los gastos
del estado disminuyendo la asistencia social (salud, educación, etc),
comprimir los salarios (no aumentar los salarios, mantenerlos por debajo
de la inflación), controlar la cantidad de dinero circulante, evitar el
proteccionismo. Para cumplir con estas recomendaciones el gobierno
dictatorial aumentó el impuesto al consumo (IVA) que pasó del 8 al 12%;
aumentó las tarifas públicas (entre 25 y 50%); se redujeron los
impuestos aduaneros.
En
estos dos años finales de la dictadura se vieron las consecuencias de
la “crisis de la tablita”: disminuyó la producción (en el sector
industrial un 25%), el salario real descendió un 20% en 1983, disminuyó
el consumo provocando la caída de las importaciones (lo que permitió el
superávit comercial), muchos depósitos bancarios se fueron el país al
bajar los intereses y aumentó la deuda externa ( mil millones de dólares
en 1984, lo que equivalía a las exportaciones de 5 años).
El
gobierno decidió no pagar los vencimientos y refinanciar pagando
interese más altos, lo que significaba pasar la enorme deuda para los
futuros gobiernos.
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